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La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción, confirmada por la Corte Suprema. La condena se relaciona con el favorecimiento al empresario Lázaro Báez con fondos públicos en perjuicio del Estado. Se espera que empiece a cumplir su pena en prisión domiciliaria en su domicilio en Buenos Aires. La resolución judicial también incluye el decomiso de 85.000 millones de pesos argentinos.
Argentina es escenario de una histórica condena ratificada por la Corte Suprema. El Partido Justicialista insiste con la “proscripción” y sigue en vigilia de una prisión domiciliaria para recuperar la épica de la Puerta de Hierro, el refugio en España del general Perón.
Por primera vez en la historia de Argentina, una expresidenta constitucional deberá cumplir una condena firme por corrupción. La Corte Suprema selló lo que durante años fue terreno de disputa política, judicial y mediática: Cristina Fernández de Kirchner fue hallada culpable de administrar fraudulentamente fondos de los contribuyentes para beneficiar al empresario Lázaro Báez y, con él, a sí misma. Mientras tanto, el peronismo ya manifestó amenazas abiertas de desestabilización.
“La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático”, declaró en su fallo del 10 de junio el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, al dejar firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Como indica el procedimiento, ahora resta que el Tribunal Oral Federal N°2, que originalmente la condenó en diciembre de 2022 cuando CFK era vicepresidenta, defina cómo se cumplirá la pena en -como ella solicitó- el domicilio del barrio porteño de Constitución (se mudó allí cerca de su hija luego del atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en Recoleta): la mujer tiene 72 años, no quiere tobillera electrónica y goza del beneficio dispuesto por la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025
De todos modos, está la posibilidad de que la convalidación de la prisión domiciliaria no llegue a darse antes de que Cristina se presente el miércoles ante el tribunal para comenzar a cumplir su pena. Así, la exmandataria deberá permanecer ese periodo detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.
La resolución judicial también ratificó la obligación del decomiso de 85.000 millones de pesos argentinos (70 millones de dólares) por el daño económico provocado al Estado.
Sin embargo, la decisión judicial que para un lado de la “grieta” es adictiva de atestiguar minuto a minuto a través de los medios y las redes, del otro lado se expresa en movilización callejera, amenazas y reclamos en contra de la supuesta “proscripción” de su líder.
Por qué condenaron a la expresidenta Cristina Kirchner y su relato de “proscripta”
La causa, conocida como “Vialidad”, nació en 2016 con una denuncia de Javier Iguacel, entonces titular del área de Vialidad Nacional bajo el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).
La instrucción fue comandada por el juez Julián Ercolini, con intervención de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. En el centro del expediente residían 51 contratos de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz entre 2003 y 2015, la provincia donde nació el kirchnerismo y se expandió el imperio económico del contratista condenado Lázaro Báez.
Durante el juicio, los fiscales argumentaron que la estructura del Estado, a cargo de CFK, fue usada como herramienta para canalizar fondos públicos hacia empresas de Báez. Hablaron de “maniobras organizadas”, de una red con “distribución de roles” y de una “jefa de la asociación ilícita”. Aunque el tribunal no condenó por ese delito específico -no hubo pruebas suficientes-, la exmandataria sí fue encontrada culpable de haber favorecido a Báez con fondos nacionales en perjuicio del Estado.
El 6 de diciembre de 2022, cuando era la vicepresidenta de Alberto Fernández, Cristina Kirchner escuchó la sentencia del TOF 2: seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El fallo fue confirmado por Casación Penal en 2023. Y este martes, la Corte Suprema cerró el juego en su contra.
En lo político, el fallo del Supremo desactivó también cualquier posibilidad de candidatura de Cristina en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, tal como había anunciado rimbombante en una entrevista del 2 de junio pasado en el canal kirchnerista C5N. La inhabilitación es perpetua y ya no puede ser apelada.
“No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto de estar viva”, dijo en un acto Cristina días atrás, comparándose con los fusilados de José León Suárez en 1956 durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.
Como hace años, desde el entorno de la titular del Partido Justicialista insistieron toda la semana con una “proscripción” y apuntaron al Poder Judicial como un actor político, en sintonía con el “lawfare” de Lula da Silva, preso en 2018 y hoy de nuevo al mando de Brasil. En esa sintonía, el abogado Carlos Beraldi denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática” contra CFK.
Con la repetida verborragia de la viuda de Néstor Kirchner manteniendo siempre su discurso de víctima, la sede peronista y la casa de CFK en Constitución (ella dice que pertenece al barrio de Monserrat) se han visto colmadas de legisladores, dirigentes políticos -incluido el distanciado Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires- y de la ruidosa militancia al compás del cántico ya vintage de principios de 2010: “Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”.
La feligresía K quiere crear una imagen de reminiscencias históricas: convertir el lugar de detención de Cristina en una especie de “Puerta de Hierro”, como supo llamarse a la residencia de Madrid donde Juan Domingo Perón vivió entre 1960 y 1973, proscripto por las dictaduras militares y convertido en mito desde el exilio. Lo visitaban políticos, sindicalistas y periodistas. Y él daba órdenes a la tropa en el otro lado del charco.
La idea no es nueva. Cristina siempre infló una narrativa de persecución política que ahora se verá potenciada con la ejecución de la pena en su residencia de Constitución, nuevo búnker y punto de peregrinación peronista. Ante una multitud de fanáticos, ya saludó varias veces desde el balcón e imprimió el tono de la Argentina por venir: los manifestantes ya destrozaron la sede y los autos del canal opositor TN y hubo amenazas de bomba en el servicio de trenes, al estilo de la resistencia de Montoneros en los años 70.
Así dejaron mi auto (y otros) los militantes de La Campora que entraron a TN hoy durante el programa de @JonatanViale. El único miedo que tengo es a dejar de decir lo que pienso. pic.twitter.com/01j1jlaDaG
— Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) June 11, 2025
Por otra parte, el calendario judicial no da respiro para la dos veces presidenta de la Nación. En noviembre próximo, Cristina Kirchner enfrentará el juicio oral por la causa de los “cuadernos de las coimas”, donde está procesada como jefa de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios a cambio de contratos públicos.
Semanas después, llegará el turno del proceso con mayor repercusión internacional: el juicio por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, en el que está acusada de haber pactado con Irán impunidad a cambio de acuerdos comerciales.
Aun activa, para Cristina (y el peronismo) una cosa es cumplir la pena, y otra muy distinta es aceptar el ocaso.
Histórico: la primera presidenta constitucional condenada por corrupción
En un país que parece cíclico en cuanto a las causas de corrupción, ningún otro presidente constitucional de Argentina llegó a esta instancia como Cristina. Como curiosidad, su segundo vicepresidente Amado Boudou (2011-2015) ya había sido sentenciado en 2018 por recibir coimas y negociar la compra de la imprenta de billetes Ciccone. Una fórmula presidencial completamente corrupta.
Carlos Menem, presidente peronista entre 1989 y 1999 y exmarido de Cecilia Bolocco, también fue condenado por corrupción, en particular por la venta ilegal a Ecuador, Bosnia y Croacia que derivó en la voladura de una fábrica en Córdoba con 13 personas muertas, pero falleció el 14 de febrero de 2021 antes de que su sentencia quedara firme. Apenas tuvo una prisión preventiva -domiciliaria- de seis meses en 2001.
Junto con Cristina también fueron ratificadas las condenas de otras ocho personas. La del empresario Lázaro Báez (6 años de prisión); la del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6); la del extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti (6); la de los extitulares de Vialidad Provincial en Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4); y la de los exresponsables de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses).
Por su lado, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, ya habían sido absueltos en el fallo dictado en diciembre de 2022.
