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Cuando el abuso se vuelve regla, la solidaridad se transforma en carga. Y un país que normaliza el fraude, termina socavando la base moral de su propio Estado.
En las últimas décadas, Chile ha construido un sistema de seguridad social que garantiza derechos fundamentales a los trabajadores, entre ellos el acceso a subsidios por incapacidad laboral. Sin embargo, este sistema enfrenta hoy una grave distorsión: el uso abusivo de licencias médicas se ha transformado en una práctica recurrente, tolerada e incluso, en ciertos casos, incentivada. Lo que comenzó como una excepción se ha consolidado como una cultura.
Un fenómeno estructural y ético
Las cifras son elocuentes. Solo en 2023 se emitieron más de 8,4 millones de licencias médicas, generando un gasto superior a los $2,8 billones de pesos. Si bien muchas de estas licencias responden a necesidades de salud legítimas, una proporción significativa se sustenta en diagnósticos ambiguos, repeticiones sistemáticas por parte de los mismos profesionales o licencias sucesivas en trabajadores sin patologías graves.
Este fenómeno no es marginal ni casual: es estructural. Sin embargo, hay algo más preocupante aún: encierra un profundo dilema ético que como sociedad no podemos seguir eludiendo.
Cuando una herramienta creada para proteger se transforma en un mecanismo de abuso, no estamos ante un simple problema administrativo: estamos frente a una crisis de integridad. La ética pública —el deber de actuar con honestidad, equidad y responsabilidad en el ámbito colectivo— es la primera víctima. Y con ella, se resquebraja la confianza social.
El subsidio por incapacidad laboral se financia con los recursos de todos. Cada licencia médica injustificada es un desvío de fondos que podrían destinarse a reducir listas de espera, fortalecer la atención primaria o financiar tratamientos oncológicos. Cada fraude no sancionado alimenta la noción de que “todo vale”, que el sistema puede ser aprovechado sin consecuencias. Esta lógica no solo debilita al sistema: lo deslegitima. Y aún más grave, erosiona el capital social que sostiene nuestra convivencia.
La confianza como el corazón del sistema de salud
En salud, la confianza no es un lujo: es su base primordial. Sin ella, no hay relación médico-paciente, ni adherencia a tratamientos, ni políticas públicas sostenibles. Sin un marco ético compartido, toda reforma pierde fuerza y legitimidad.
Por eso, es urgente actuar en tres niveles. En primer lugar, en un eje institucional para unificar el régimen de subsidios por incapacidad laboral para todos los trabajadores, estableciendo reglas claras, límites razonables, fiscalización rigurosa y estándares éticos en la emisión médica.
En segundo lugar, y en paralelo a nivel político, para asumir con decisión que la tolerancia al abuso compromete la legitimidad del sistema, y que enfrentar esta realidad, aunque sea incómodo, es una responsabilidad ineludible.
En tercer y último lugar está el eje cultural: hay que promover la visión de responsabilidad colectiva, donde el ausentismo injustificado deje de percibirse como un “beneficio” y sea entendido como un daño al bien común, el cual puede perjudicar la salud y vida de otro.
No se trata de estigmatizar a quienes realmente lo necesitan. Se trata de resguardar el sentido ético y la justicia de un sistema que hoy está amenazado.
Cuando el abuso se vuelve regla, la solidaridad se transforma en carga. Y un país que normaliza el fraude, termina socavando la base moral de su propio Estado.
